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  • En estos días de confinamiento, en los que quiero ser parte de la solución y no del problema, veo con cierta angustia la grave situación sanitaria de Madrid. Y me viene a la mente la figura del doctor Luís Montes, un buen salmantino que se hizo médico anestesista con el afán de ayudar al prójimo.

    Luís Montes

    El doctor Montes se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Anestesia y Reanimación. Fue director médico del Hospital La Paz de Madrid y en 1987 ingresó como anestesiólogo en el recién creado Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés (Madrid), del que fue jefe del Servicio de Reanimación y director y, desde el año 2000, coordinador de urgencias, cargo que desempeñó hasta 2005.
    Luis fue siempre un defensor acérrimo de la sanidad pública.
    En el año 2005, Luís Montes y su equipo, fueron investigados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a causa de una denuncia anónima, en la que se les acusaba de sedaciones en dosis elevadas en enfermos terminales en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa.

    Hospital Severo Ochoa de Leganés

    Por esa época, el gobierno del Partido Popular (PP), con Esperanza Aguirre al frente y con Manuel Lamela, como Consejero de Sanidad, tenían un plan de negocio para privatizar la sanidad pública madrileña. Tras varios años de ejecución de privatizaciones en todos los sectores fundamentales de la economía nacional, ellos pensaron en hundir el barco más valorado por la ciudadanía, la sanidad pública. Para liquidarla, había que invertir esa valoración. Y las denuncias a Montes y su equipo  fueron el motor de arranque de esa campaña.
    Como es de costumbre, el Partido Popular pidió la ayuda de sus incondicionales para llevar a cabo dicha campaña y ahí se sumaron periodistas, altos cargos, jueces y empresas del sector de matriz privada o religiosa. Todo para alarmar a la población contra la sanidad pública y así, Aguirre y Lamela, llevaban el debate de la sanidad a un camino sin destino, pero que servía a sus fines: lograr la privatización de la sanidad a escondidas.
    La denuncia anónima hacía referencia al asesinato de 400 pacientes a lo largo de varios años. Se creó una asociación de afectados para intervenir como acusación particular. Ya sabemos la facilidad del PP para crear asociaciones acusatorias, pero de ello ya hablaré otro día. Esta asociación sólo consiguió dos familiares para testificar, que se retiraron en el juicio cuando realmente se dieron cuenta del percal. Aún así, esa asociación, de forma misteriosa, tuvo acceso a documentos durante la fase de instrucción que le fueron negados a la defensa. Al final, al no presentarse ningún familiar de los supuestos afectados, los juristas lo llamaron “un delito sin víctimas”. Y se quedaron tan anchos.
    La gran mentira, en la que se basaron para emprender la acción legal, fue que, en términos estadísticos, las tasas de mortalidad en las urgencias del Hospital Severo Ochoa eran superiores a las de cualquier otro hospital de la Comunidad de Madrid. La verdad, que todo el mundo sabía, políticos, periodistas, profesionales sanitarios, etc. etc, es que, por motivos técnico-sanitarios, la dirección del hospital había decidido integrar la unidad de enfermos terminales en la misma unidad de urgencias. Por ello, las mismas estadísticas indicaban que en el resto del centro apenas había mortalidad, pero este dato se ocultó de forma malintencionada para poder hacer algo creíble la denuncia. 

    Lamela y Aguirre

    Pero el gran teatro ya estaba formado, el PP tenía su máquina a todo gas, el daño a los denunciados ya estaba hecho y la alarma entre la ciudadanía era una realidad. La (mal llamada) justicia de este país alargó el proceso el tiempo necesario para que el dúo Aguirre-Lamela llevara a cabo su campaña de privatización, dejando en total desamparo a los encausados. Mientras tanto todo un linchamiento. El doctor Montes y sus compañeros vivieron una terrible pesadilla. En radios y televisiones les acusaban de ser nazis exterminadores. Mientras la caverna mediática seguía injuriando, de forma cruel, la realidad era otra distinta. Nadie con dos dedos de frente se creía el montaje. Aunque Montes fue apartado de su cargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguieron ejerciendo la medicina en el mismo hospital. 
    Después de dos años y medio el juez desestimó las acusaciones, aunque dilató un poco más el proceso para no coincidir con las elecciones autonómicas y municipales, que se debían celebrar por esas fechas. En la sentencia declaró: “Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles”, aunque admitía que no hay pruebas de que se deba “excesivamente a los fármacos prescritos”. La maniobra del juez Rafael Rosel fue declarar en la sentencia una cosa y su contraria. Y así los medios de comunicación cavernarios tuvieron también su titular. 
    El doctor Montes nunca cesó en luchar por su defensa, la de sus compañeros y la defensa de la sanidad pública. Recurrió la sentencia con el objetivo de eliminar cualquier alusión a la mala praxis de él y su equipo. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid falló en su favor y ordenó suprimir “toda referencia sobre mala práctica de los médicos denunciados”. Habían pasado tres años, que fueron suficientes e implacables, para destrozar la sanidad pública madrileña con políticas a favor del negocio privado.
    El teatro político-mediático-judicial había acabado, ya nada importaba. Madrid estaba de nuevo en manos de Esperanza Aguirre, la Consejería de Sanidad ya había comenzado su imparable política de destrucción de la Sanidad Pública en favor de los negocios sanitarios. Y, cómo no, se vive una vez más el desembarco en esas sociedades empresariales de las amistades del partido, personas afines y otros terratenientes al uso. A día de hoy es casi imposible encontrar hemeroteca de aquellos días, sobre todo de la caverna mediática de Madrid, que han borrado cualquier noticia, engañosa y maliciosa, publicada en aquella época. 

    Manifestaciones de la Mareas Blancas

    Quiero recordar a las Mareas Blancas. Por aquel entonces, estos colectivos de médicos y personal sanitario se enfrentaron a los políticos gánsters y a los porrazos habituales de la policía, con el objetivo de que los ciudadanos fueran conscientes del daño que se estaba causando a su sistema público hospitalario. Recuerdo esas marchas, perfectamente, por que estuve allí, cámara en mano, compartiendo la calle con las batas blancas. Muchas personas prefirieron la ignorancia, su analfabetismo político, que les hacía pensar que detrás de esas manifestaciones había intereses partidistas. Y no. Eran unicamente las profesionales de la salud pública defendiendo uno de los pilares de la humanidad: la sanidad. Que junto a la educación y la cultura, nos mantiene como sociedad.

    En estos días de cuarentena, observo como muchas personas aplauden a los servicios de salud y emergencias. No dudo del honroso acto y de que algunas de esas personas estuvieron en las manifestaciones de las citadas Mareas Blancas, pero creo que el resto, en un ejercicio de hipocresía habitual, aplaude sin entender el daño que hizo su voto. Y no sólo lo digo por los votantes del Partido Popular en Madrid, también por los votantes de la Convergencia de Artur Mas en Cataluña o por los votantes del PSOE en Asturias, por poner algún que otro ejemplo, que hay varios y de todos los colores, con la misma intencionalidad de privatizar nuestra sanidad pública. A todas ellas les pido menos aplausos y más coherencia e inteligencia a la hora de elegir los gestores de nuestros recursos públicos. Y saber, o aprender, que defender a los profesionales sanitarios se debe hacer cada día, no ahora que son imprescindibles, por que imprescindibles lo son siempre. 
    Toda aquella pesadilla acabó con la decisión del Gobierno de Madrid de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya en funcionamiento y con personal público trabajando en ellos. Y siguieron siendo votados. Y siguen. Me gustaría entenderlo. Por todo ello, y como escribía al inicio, siento angustia hoy cuando observo la grave situación sanitaria de Madrid. 

    En estos momentos, en los que estoy acabando de escribir estas líneas, me llegan las noticias del fallecimiento de la madre de un buen amigo, que me dice que no ha podido despedirse de ella. También, me llaman para informarme del fallecimiento de un primo hermano mío, en un pueblo cercano a Madrid. Me dicen que solo podrán asistir al funeral dos personas y enseguida del finado se harán cargo los bomberos y la Guardia Civil.
    Espero que cada aplauso a los sanitarios sirva para no perder la memoria, por que si no, se promueve el olvido y que se siga votando a la indiferencia, a los culpables, a los mismos. 

    Epílogo:
    · Manuel Lamela. Tras salir de la Consejería creó toda una red de empresas relacionadas con la sanidad privada, entre estas Madrid Medical Destination S.L y Madrid Ciudad de la Salud S. A. Respecto a esas empresas, es significativo que en Madrid Medical Destination participa como asociado Capio Sanidad, que gestiona varios hospitales públicos. Capio es la matriz de la empresa Unilabs, adjudicataria de los análisis clínicos de varios hospitales públicos y la firma de la que era consejero el ex responsable de Sanidad Juan José Güemes, hasta que éste se viera obligado a dimitir por la polémica generada por su fichaje, ya que fue el propio Güemes quien privatizó esos servicios. Lamela preside, además, Madrid Centro Médico, una asociación sin ánimo de lucro constituida por los principales grandes centros sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y que recibió una subvención del Gobierno de Aguirre de 1,3 millones de euros, procedente de la partida del Ministerio de Ciencia e Innovación. En aquellas fechas, preguntado por los medios sobre si no le suponía un conflicto haber pasado de representar y supuestamente defender la sanidad pública a hacer negocio con la sanidad privada, Lamela respondió que él hablaba de “sanidad sin apellidos”.
    · Esperanza Aguirre. Tras su jubilación, pasó a dividir su tiempo entre la dedicación a sus seis nietos y su afición al golf. Después de una solicitud cursada por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional en agosto de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón determinó el 2 de septiembre, de ese mismo año, la imputación de Aguirre (junto a la de Cristina Cifuentes) en una pieza del macrosumario del caso Púnica por presuntos delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental y la citó a declarar en octubre, destacando en su auto el papel «decisivo y esencial» que supuestamente habría tenido Aguirre en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP, para las que se sustrajeron más de seis millones de euros de 8 consejerías y agencias de la Comunidad de Madrid. Para la líder popular, la idea de “que los servicios públicos deben de ser gestionados por los servicios públicos es un dogma de izquierdas” y asegura que “la obligación de los políticos es gestionar los servicios públicos al menor coste posible, por ello, la empresa privada es más eficaz que la pública.”
    · Luís Montes. Dos años más tarde de todo el affaire, el salmantino se convertiría en presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente desde donde defender la libertad de los enfermos terminales a decidir sobre la propia vida y a promover el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación. Falleció en abril de 2018, con 69 años, mientras viajaba en coche hacia la localidad murciana de Molina de Segura, donde iba a dar una charla sobre la muerte digna. Que su ejemplo y memoria no muera nunca.

    Juli Suàrez

    La Guerrilla Comunicacional

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